20 Julio 2018
El Juzgado de lo Social nº 1 de Zaragoza, ha dictado Sentencia el pasado mes de mayo por la que desestima la demanda presentada por el Ayuntamiento de Zaragoza y confirma la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo por parte del mismo y, en consecuencia, declare la procedencia de que las prestaciones derivadas de la enfermedad profesional sean incrementadas en un 50% con cargo al mismo.
D. R. M. P. prestó servicios en el Ayuntamiento de Zaragoza desde enero de 1968 hasta abril del 2009 ocupando un puesto de peón al principio, para posteriormente, y tras la correspondiente oposición, trabajar como oficial fontanero y a partir del 2002 de maestro fontanero hasta el año 2009 que se jubiló.
Durante su vida laboral estuvo directa e indirectamente expuesto al amianto de manera continua, ya que parte de su cometido principal, era cortar tuberías de fibrocemento en las tareas de reparación y sustituir las canalizaciones de abastecimientos de agua y saneamiento de la ciudad de Zaragoza.
La continua y constante exposición al amianto en la que permaneció sin que el Ayuntamiento le diera protección alguna, provocó que D. R. M. P. sufriera un mesotelioma con afectación pulmonar y peritoneal, falleciendo en el mes de agosto de 2.014.
En Febrero de 2.015, tras presentar la solicitud correspondiente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social declaró que el fallecimiento fue debido a una enfermedad profesional. Enfermedad profesional que, de conformidad con el dictamen emitido por la Inspección de Trabajo, se produjo por no haber velado el Ayuntamiento de Zaragoza por su salud y no haberle dotado de las oportunas medidas de seguridad.
No obstante, el Ayuntamiento presentó demanda contra dicha resolución que ahora han desestimado y vuelve a recurrir la misma, presentando recurso de suplicación contra la sentencia que de ser desfavorable por parte del Tribunal Superior de Justicia, facilitará la reclamación económica que por responsabilidad patrimonial está siento tramitada frente al Ayuntamiento de Zaragoza por la firma Oria, Pajares & Asociados Abogados.
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