Caso Unión Naval

El nuevo macrocaso de los extrabajadores de Unión Naval (primero de Levante y después de Valencia), enfermos, supuestamente, por una prolongada exposición al amianto, ha sufrido un brusco frenazo. La Audiencia Provincial de Valencia, en un auto, ha estimado los recursos presentados tanto por el fiscal como por la compañía contra el proceso iniciado por unos 350 exempleados de la naviera, afectados por distintas patologías ocasionadas, presuntamente, por estar en contacto con polvo de amianto durante su etapa laboral en el astillero. La denuncia se centra contra varios responsables de Unión Naval ya que, según los demandantes, no se adoptaron las medidas necesarias para evitar su exposición a este material tóxico.

La Audiencia justifica su decisión en una sentencia de conformidad de 2009, fruto de un proceso similar impulsado por otro grupo de exempleados contra la empresa por los mismos motivos. En aquel momento, según explicaron las defensas de los nuevos demandantes, se acordó calificar los hechos como falta (no como delito) a cambio de que los afectados cobraran una serie de indemnizaciones (más de 11 millones de euros en total). Así los responsables evitarían las penas de prisión que podría acarrear el proceso si se les condenara por delitos de homicidio por imprudencia grave o por lesiones. La sala entiende que al calificar los hechos como faltas ya habrían prescrito los casos actuales, puesto que el plazo es de seis meses. En resumen, la sala considera que los hechos ya han sido juzgados.

Sin embargo, las defensas resaltan que en la conformidad de 2009 se acordó que el plazo de prescripción fuese el del delito, no el de la falta. Además, alegan «indefensión jurídica» de los nuevos demandantes, puesto que el acuerdo de la sentencia anterior lo adoptaron terceras personas, no ellos. Asimismo, en la nueva demanda aparecen seis nuevos denunciados (de un total de 13) que no se incluyeron en la anterior.

Por tanto, ni los demandantes ni parte de los demandados son las mismas personas, de ahí que los letrados entiendan que éste es un nuevo proceso. Además, y en el caso de la sentencia de conformidad fuese vinculante, «debería serlo en todos sus términos», en el sentido de las indemnizaciones a los todos los afectados (también a los actuales).

Por todo ello, las defensas anunciaron que agotarán todas las vías legales posibles para evitar este frenazo en el procedimiento. De entrada, aportarán todos los documentos que acreditan los acuerdos adoptados en 2009 para tratar de que el proceso siga adelante.

Fuente: www.lasprovincias.es

http://www.lasprovincias.es/comunitat/201612/08/audiencia-frena-macrocaso-enfermos-20161207235225-v.html