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Los datos ofrecidos (de 2021 a 2024) por el Departamento vasco de Salud a a una pregunta parlamentaria de EH Bidu en el Parlamento Vasco reflejan que el número de expedientes abiertos sigue al alza, al menos desde 2021, aunque se aprecia cierta estabilización y es previsible que en años venideros la incidencia caiga.
No hay que olvidar que el mesotelioma pleural es una enfermedad que se manifiesta varios años después de la exposición de la víctima, y que la utilización y comercialización de esta sustancia se prohibió en el Estado español en 2002; hace ahora 23 años, por lo que los años de exposición ya pasaron.
La cifra de nuevos casos ha ido creciendo en los últimos cuatro años, un periodo en el que los médicos de Osakidetza han iniciado 300 expedientes de sospecha de enfermedad profesional por amianto en la CAV. Fueron 50 en 2021; 60 en 2022, 87 en 2023 y 103 el pasado 2024 que acaba de terminar apenas.
Casi el 95% de todos los expedientes partieron de las “sospechas” de los médicos de Osakidetza. Son ellos los que dan la voz de alerta, porque la casuística es el de una persona jubilada que, varios años después de haber dejado de estar en contacto con esta sustancia, de repente, manifiesta síntomas.
Sólo en muy contados casos (18 en concreto), el expediente se inició a iniciativa de los servicios de prevención de la empresa o en alguna inspección médica a trabajadores. En total, desde 2021 hasta el cierre de 2024, se han iniciado 318 expedientes de sospecha de cáncer.
De todas las que se iniciaron en Osakidetza, llegaron a tramitarse un 82%, ya que en 54 de esos casos o bien el paciente falleció antes de tramitar el expediente ante la Seguridad Social o bien fue una falsa alarma. Mientras que en los expedientes iniciados por otros entes, todos se tramitaron.
La información remitida por el Gobierno Vasco a EH Bildu también deja entrever lagunas en la gestión de estos expedientes. En la mayoría de los casos, ni el médico que inicia el expediente, ni el propio Departamento de Salud es informado de la resolución del INSS cuando éste determina si concede la enfermedad profesional o no, pese a que así lo establece el propio convenio firmado entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Departamento de Salud, Osakidetza y Osalan.
71 resoluciones en Gipuzkoa
En concreto, en los últimos cuatro años, desde 2021 a 2024, la Seguridad Social ha emitido 71 resoluciones en Gipuzkoa y en tres de cada cuatro casos (54 en concreto), el Departamento de Salud del Gobierno Vasco reconoce que no ha recibido información sobre el sentido de la resolución por parte del INSS. En los 17 casos que sí ha sido informado, en 11 la Seguridad Social aceptó la enfermedad profesional; y en otros 6, no lo hizo.
Y no es una cuestión de plazos exclusivamente, ya que de las 18 resoluciones de 2021 en Gipuzkoa, 11 siguen sin notificarse al Gobierno Vasco.
Más preocupante es la situación de Araba, un territorio menos industrializado y con menos casos de amianto, pero con menos diligencia todavía en la notificación de los casos. De hecho, de las 35 resoluciones de la Seguridad Social entre 2021 y 2024 en Araba, Lakua admite que no ha sido informado en 24 de esos casos; y en los 11 que sí, en cuatro la Seguridad Social sí aceptó la enfermedad profesional y en los otros siete, no.
La situación es diferente en Bizkaia: 124 resoluciones, de las que 90 sí han sido notificadas al Departamento de Salud. 77 favorables a la declaración de enfermedad profesional y 13 desfavorables. En 34 casos, Lakua sigue sin recibir información.
Osakidetza asume el gasto
En su pregunta parlamentaria al Departamento de Salud, la procuradora de EH Bildu Pazis García Ortega también se interesa por el coste de atención sanitaria prestada por Osakidetza hasta el reconocimiento del carácter profesional y pidió al Gobierno Vasco que cuantifique la cantidad asumida por el servicio vasco de salud y cuánto se ha repercutido a las mutuas.
Lakua reconoce que está siendo el sistema público de salud y no las mutuas quien asume este gasto, ya que “la detección de la enfermedad en este tipo de pacientes se produce al cabo de los años de la exposición del paciente al amianto, por lo que generalmente se detecta la enfermedad cuando el trabajador se encuentra ya jubilado”.
El Departamento de Salud precisa que, “al no existir en la mayoría de los casos una contingencia previa, no se ha producido una facturación a las mutuas. Y al no existir una contingencia previa es difícil determinar si las actividades asistenciales prestadas anteriormente están relacionadas con esa sospecha de enfermedad o no”.
Lakua aclara que el proceder en este caso se ciñe a la instrucción 1 del 26 de diciembre de 2007, donde se recoge que el inicio tanto por parte de facultativos de Osakidetza como de las unidades de prevención de las empresas se produce porque para estos facultativos existe sospecha de que pueda tratarse de una enfermedad profesional, pero no tiene por qué existir una contingencia”.
Buen diagnóstico, mala comunicación
EH Bildu alude en otra pregunta al grado de cumplimiento del convenio suscrito entre el INSS, el Departamento de Salud, Osakidetza y Osalan para evaluar con criterios facultativos homogéneos el impacto de las patologías derivadas del amianto en la salud de la población trabajadora.
Dicho convenio cuenta con una comisión de seguimiento que se reúne dos veces al año (enero y abril normalmente). Y el mismo, en una de sus últimas actas (la documentación se la hace llegar el Gobierno Vasco a EH Bildu), se reconoce que el “ámbitos de trabajo como el diagnóstico de la patología se encuentran bastante bien implementados, pero que, sin embargo, otros, como la notificación o comunicación de la sospecha de patología debida al amianto, necesitan de un estímulo importante”.
En concreto, la comisión de seguimiento ha observado casos de comunicación de sospecha de enfermedad profesional “en los que el INSS no ha iniciado de oficio un expediente de incapacidad permanente”.
Unidad de Amianto en Osakidetza
También se está trabajando en la creación de una Unidad de Amianto de Osakidetza. Esta idea ya se analizó en 2023. Se trataría de una “estructura en red” que realice un seguimiento de los casos, e incorpore en esta tarea a neumólogos que trabajan en patología ocupacional, así como neumólogos y oncólogos de Osakidetza.
En la misma comisión de seguimiento, Osalan también hizo llegar su inquietud el año pasado por el hecho de que solamente “una parte de los mesoteliomas incidentes cada año en Euskadi se comunican al sistema de sospechas de enfermedad profesionales y que otra parte afloran por otros medios. “Hay que mejorar”, decía el Instituto Vasco de Prevención y Riesgos Laborales.
Fuente: www.noticiasdegipuzkoa.eus
