26 Septiembre 2024
El actual Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Antonio Piñeiro Sánchez, fue nombrado para el puesto en abril de 2023. Llegó a la cúspide de la estructura de la Armada después de que falleciera el anterior AJEMA.
El almirante general Antonio Martorell Lacave falleció el 30 de marzo de 2023, a los 62 años de edad. Murió en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, según desveló The Objective, después de días ingresado por un cáncer que se le había detectado meses antes.
Toda muerte de un militar en activo queda reflejada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD). La del anterior Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada se publicó en el BOD del 17 de abril de 2023.
“Tengo el sentimiento de comunicar que el Almirante General, Don Antonio Martorell Lacave, Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, causa baja en las Fuerzas Armadas por haber fallecido el día 31 de marzo de 2023. Queda anulada la TIM”, se podía leer en la Resolución 631/06164/23, que firmó el Almirante Subdirector de Gestión de Personal, José María Godín Porto, por delegación del Almirante Jefe de Personal, precisamente Antonio Piñeiro.
Pues bien: quince meses después, esa resolución que dio de baja al almirante general Martorell por fallecimiento ha sido modificada por otra.
El almirante José María Godín Porto, subdirector de Gestión de Personal de la Armada, firmó el 23 de julio de 2024 una nueva resolución, con el siguiente texto:
-- “En cumplimiento de lo acordado por la Subsecretaria de Defensa, el pasado día 12 de julio de 2024, se amplía la Resolución 631/06164/23 publicada en el «BOD» núm. 74 de 17 de abril de 2023, en el sentido de que el fallecimiento del Almirante General, Don Antonio Martorell Lacave, sea declarado como acaecido en acto de servicio”.
La resolución se publicó en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa el 30 de julio.
Cuando se conoció el fallecimiento del AJEMA, unos medios hablaron de que había muerto “por una grave enfermedad”, mientras que otros concretaron: padecía cáncer, que le había impedido seguir yendo a trabajar al Cuartel General de la Armada en las últimas semanas antes de fallecer en el hospital Gómez Ulla.
Un año y tres meses después, la Armada declara que este fallecimiento se considera “acaecido en acto de servicio”.
Antonio Martorell Lacave dedicó a la Armada 44 años de su vida. Fue comandante del dragaminas Miño, el cazaminas Turia, la 1ª Escuadrilla de Medidas Contraminas (MCM), la Agrupación Permanente MCM número 2 de la OTAN y el buque de asalto anfibio Castilla.
En Estados Mayores a flote fue jefe de órdenes de la 2ª Escuadrilla de Dragaminas y de la 21ª de Escoltas.
Llegó a ser Almirante de la Flota, antes de ser nombrado AJEMA.
El caso del almirante general Martorell es muy similar al del almirante Francisco Javier González-Huix.
Este oficial general de la Armada ocupó entre junio de 2017 y agosto de 2020 el puesto de Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (JEMACON); es decir, estaba al frente del órgano auxiliar de mando del JEMAD en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades, que se encarga de coordinar las actividades generales del Estado Mayor de la Defensa.
El almirante González-Huix falleció en diciembre de 2020, y según la entrada biográfica en Wikipedia, la causa de la muerte fue un cáncer de pulmón.
Año y medio después, en agosto de 2022, el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa publicó una resolución de la Armada por la que el fallecimiento del almirante Francisco Javier González-Huix pasaba a ser reconocido como “acaecido en acto de servicio”.
Los paralelismos entre el caso de González-Huix y el del almirante general Martorell son evidentes. También se da la circunstancia de que las resoluciones por las que se declaran los fallecimientos “en acto de servicio” se publicaron en el boletín en verano, entre finales de julio y principios de agosto.
En estas páginas se contó en agosto de 2022 que el Cuartel General de la Armada aclaró que la declaración de acto de servicio del fallecimiento del almirante González-Huix se había aprobado como resultado de un procedimiento administrativo iniciado por la instancia de la viuda del almirante.
No fue a consecuencia de ninguna otra novedad, sino por haber quedado demostrado que la enfermedad por la que falleció el ex JEMACON “tenía relación causal con el desempeño de su servicio”.
Inicialmente, la baja por fallecimiento del almirante González-Huix se publicó en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa el 13 de enero de 2021: “Tengo el sentimiento de comunicar que el almirante Don Francisco Javier González-Huix Fernández, en situación de reserva, causa baja en las Fuerzas Armadas por haber fallecido el día 4 de diciembre de 2020”.
En su momento, este fallecimiento causó una honda conmoción en muchos generales y almirantes, así como en oficiales y otros militares de las Fuerzas Armadas que conocían y apreciaban al almirante González-Huix.
Según explicó la Armada, cuatro meses después de la primera resolución (el 19 de mayo de 2021) la viuda del ex Jefe del Estado Mayor Conjunto presentó una instancia ante el Ministerio de Defensa, en la que reclamó que el fallecimiento de su marido fuera declarado como acaecido en acto de servicio.
El proceso fue largo, de más de un año. La Subsecretaría de Defensa recabó una serie de informes técnicos y jurídicos, y conforme a la propuesta de la Asesoría Jurídica General de la Defensa, el 13 de junio de 2022 dictó una resolución, por delegación de la ministra.
En esa resolución, la subsecretaria Adoración Mateos reconoció que el fallecimiento del almirante González-Huix tuvo relación causal con el “servicio”. Concretamente, se consideró que el nexo causal con el fallecimiento fue que había prestado servicio en unidades que empleaban el amianto como material aislante.
Se ha determinado que la exposición prolongada al amianto puede provocar cáncer.
El caso del almirante González-Huix encajaba en esa última categoría. Durante la tramitación de la solicitud de la viuda, la Armada elaboró un expediente con información relativa a la existencia o no de amianto en las unidades donde estuvo destinado el fallecido.
La biografía del almirante en Wikipedia señala que estuvo embarcado en la fragata ‘Extremadura’, en la corbeta ‘Diana’, en los submarinos ‘Delfín’ y ‘Mistral’, en el patrullero ‘Recalde’ y en el submarino ‘Tramontana’, en distintos puestos según su empleo de la Escala de Oficiales, y mandó el dragaminas ‘Odiel’, el propio submarino ‘Tramontana’ y la fragata ‘Santa María’.
La Armada remitió el informe médico de defunción del almirante al Instituto Nacional de Silicosis. Este organismo, creado por el Ministerio de Trabajo pero ahora dependiente de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, nació para tratar la silicosis que sufren muchos mineros (por eso su sede está en Oviedo), pero su objetivo es más amplio: la prevención de las enfermedades respiratorias laborales y medioambientales.
El Instituto Nacional de Silicosis emitió un informe sobre la muerte de este almirante de la Armada. Dicho informe, y todo el expediente recopilado en el Cuartel General de la Armada, fue trasladado a la Subsecretaría de Defensa. La subsecretaria Adoración Mateos firmó el 13 de junio de 2022 la resolución que dio la razón a la viuda en su solicitud y declaró el fallecimiento “en acto de servicio” del almirante Francisco Javier González-Huix.
En virtud de dicha resolución de la Subsecretaría, la Armada publicó esa otra resolución que modificó la declaración de baja del almirante, para considerarla como acaecida en acto de servicio.
En la resolución que ha declarado que el fallecimiento del almirante general Antonio Martorell Lacave se considere “en acto de servicio” se indica que la Armada aprueba esa declaración “en cumplimiento de lo acordado por la Subsecretaria de Defensa, el pasado día 12 de julio de 2024”.
Lo mismo sucedió en el caso de González-Huix: fue la subsecretaria de Defensa la que declaró que el fallecimiento tuvo relación causal con el servicio.
En principio, puede parecer sorprendente que se considere “acto de servicio” la muerte de un almirante, con más de 60 años de edad, a causa de un cáncer.
De hecho, esa fue la reacción de algunos militares cuando en el verano de 2022 circuló la resolución que declaró acaecida en acto de servicio la muerte del almirante González-Huix.
¿Por qué se declaraba como fallecido en acto de servicio a un almirante que había muerto un año y medio antes, y no en un accidente de un buque, por ejemplo, sino ya estando en la reserva, y aparentemente por una enfermedad no relacionada con el servicio?
No pocas voces denunciaron que a otros militares (oficiales, suboficiales, o soldados, marineros y cabos de la Escala de Tropa y Marinería) o a sus familias les había costado una dura batalla de recursos y procesos judiciales para que se les reconocieran heridas o fallecimientos en acto de servicio.
En los últimos años se ha ido certificando, en ámbitos muy distintos, que el uso de amianto en edificios y en vehículos puede provocar el desarrollo de tumores cancerígenos.
Tras varias sentencias en contra, Metro de Madrid acordó pagar un total de 7,35 millones de euros en indemnizaciones a siete trabajadores y a las familias de otros once afectados por el amianto.
Un juzgado declaró que la muerte del periodista José María Íñigo tuvo relación con el amianto que había en los platós de TVE, aunque el TSJ de Madrid anuló esa condena.
Ya en el terreno militar, el Ministerio de Defensa ha tenido que ir pagando las indemnizaciones correspondientes a los expedientes de responsabilidad patrimonial a marinos de la Armada que navegaron en buques que tenían amianto, muy utilizado como material aislante en paredes, y en este caso entre mamparos de barcos.
Pero la presencia de amianto afecta también a bases del Ejército del Aire, a cuarteles del Ejército de Tierra, a instalaciones de la Armada y de la Unidad Militar de Emergencias, incluso en edificios dependientes del Estado Mayor de la Defensa.
Lo habitual en los casos de marinos de la Armada que murieron de cáncer es que sus familias presenten reclamaciones de responsabilidad patrimonial, para que el Ministerio de Defensa les indemnice por haber navegado durante años en buques que tenían un material cancerígeno como es el amianto.
El ministerio resuelve, tras recabar el informe de la Asesoría Jurídica General de la Defensa, y si el dinero reclamado supera cierta cantidad, se somete al análisis del Consejo de Estado.
En los últimos años se han aprobado distintos dictámenes que conceden o deniegan las cantidades reclamadas por las familias de militares de la Armada que navegaron en buques con amianto y murieron por enfermedades que pueden ser originadas por esta sustancia.
Un sargento electricista con carcinoma de pulmón, un subteniente telegrafista, un sargento mecánico con carcinoma epidermoide de pulmón derecho, un capitán de corbeta con nódulo pulmonar y adenocarcinoma mixto, incluso un almirante que murió por parada cardiorrespiratoria derivada de la progresión tumoral ganglionar en el pulmón, ocasionada a su vez por un carcinoma microcítico pulmonar con metástasis hepáticas y óseas: son algunos de los casos que ha tenido que resolver el Ministerio de Defensa y que han llegado al Consejo de Estado, al reclamar los familiares de los fallecidos que les indemnizaran en concepto de responsabilidad patrimonial por el problema del amianto en los buques.
Fuentes militares consultadas por ECD lamentaron que en otros muchos casos el proceso no haya sido tan fácil como con los almirantes que llegaron a AJEMA y JEMACON. Subrayan que muchos familiares de militares han tenido que batallar en vía administrativa, llegando a recurrir a los tribunales cuando el Ministerio de Defensa se negaba a considerar muertos en acto de servicio a afectados por amianto.
En muchos casos, la Junta Médico-Pericial Superior de las Fuerzas Armadas u otros órganos periciales médicos han emitido dictámenes que negaban le relación causa-efecto entre los años de servicio en un cuartel o un buque con revestimientos de amianto, y la enfermedad desarrollada años después por esos militares.
En algunas ocasiones, los tribunales han dado la razón a los recurrentes y han obligado a Defensa a considerar como acto de servicio los fallecimientos con enfermedades vinculadas a la exposición al amianto.
Fue el caso, por ejemplo, de un capitán del Cuerpo Auxiliar de Especialistas del Ejército de Tierra, al que se le diagnosticó mesotelioma maligno difuso de tipo mixto (Pleura Derecha). Falleció y el Ministerio de Defensa resolvió que fallecimiento no se produjo en las circunstancias ni con las condiciones necesarias para poder ser considerado como fallecimiento en acto de servicio, en base a un informe del Tribunal Medico Superior de las Fuerzas Armadas.
La esposa del capitán fallecido recurrió y la Audiencia Nacional le dio la razón en una sentencia de 1999: declaró que el fallecimiento del capitán fue como consecuencia directa del servicio, con el derecho a la percepción por la actora de la pensión extraordinaria que haya lugar conforme a Derecho.
Fuente: www.elconfidencialdigital.com
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