Los ayuntamientos olvidan el riesgo del amianto instalado

Afortunadamente la mayoría de las empresas industriales comienza a entender, tras múltiples sentencias condenatorias, que una pequeña exposición a fibras de amianto sin la protección respiratoria adecuada, es suficiente para causar una grave enfermedad pulmonar, que viene causando 10 veces más muertes que los accidentes de trabajo. Existe consenso científico sobre que no hay una exposición segura, por mínima que está sea. Durante décadas, las empresas ignoraron él riesgo del amianto, incumpliendo las medidas de seguridad que exigía la legislación. Ahora, por fin, abordan él riesgo, tras las múltiples condenas que las obligan a pagar una indemnización y recargo del 30% en las prestaciones de Seguridad Social concedida a las víctimas o familiares más cercanos por incumplir décadas atrás las medidas de seguridad.

No parece, que la conciencia sobre el riesgo que representan las fibras cancerígenas, desprendidas de los materiales con amianto, que están presentes en diferentes instalaciones de los municipios y cuya vida útil caducó, preocupe a la mayoría de los concejales y alcaldes, que, salvo honrosas excepciones, olvidan el riesgo e incumplen la Ley de Residuos y Suelos contaminados para una economía circular, como responsables municipales.

Dicha Ley 7/2022 de 8 abril, en su Disposición adicional decimocuarta, dice: Instalaciones y emplazamientos con amianto: “En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos elaboraran un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada. Tanto el censo, como el calendario, tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado. Esa retirada priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. En todo caso, las instalaciones o emplazamientos de carácter publico con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028”.  

El uso y la comercialización del amianto fue prohibido el año 2002, por las graves enfermedades que causa (fibrosis pulmonar, cáncer de pulmón, laringe y mesoteliomas…) a trabajadores y trabajadoras, por pequeña que sea su exposición a las fibras cancerígenas. No podemos olvidar, que, decenas de miles de toneladas de materiales que lo contienen, siguen instalados en cubiertas industriales, agrícolas o ganaderas y en edificios de viviendas e iglesias, cuya composición, tras finalizar su vida útil, se está descomponiendo. La mayoría de las viviendas construidas, entre los años 60 y finales de los 80, mayoritariamente barrios obreros, el amianto continúa presente: en bajantes de aguas pluviales o fecales, canaletas, tejados, planchas de aislamiento, jardineras, tuberías de red de agua…

El Dictamen del Consejo Económico y Social Europeo, sobre “Erradicar el amianto en la UE” asumió el compromiso de erradicarlo para el año 2032. El tiempo corre, quien incumple el compromiso, recibirá justas sanciones comunitarias y deberá responder por las enfermedades generadas por su dejadez. La posibilidad de una ola de cáncer por inhalación ambiental de las invisibles fibras de amianto, liberadas de dichos materiales, es una amenaza real, aunque los “negacionistas” traten de negarlo, porque el daño a la salud, no se expresa inmediatamente, para eludir el compromiso de erradicar el amianto asesino.

Ahora bien, todo el amianto no está visible, su detección y retirada segura, requiere la sensibilización, participación e implicación ciudadana: desde activistas sindicales, arquitectos, asociaciones vecinales, víctimas del amianto…, realizando campañas de sensibilización y subvenciones para su retirada, que ayuden a la detección del amianto, abaratando las obras y garantizar una retirada segura.

La experiencia francesa, incluso, con “alertas sanitarias” como la que realizo el Gobierno regional de Aquitania, tras una granizada, que destrozo las cubiertas de fibrocemento o Uralita, marcan el camino. Sin una fuerte sensibilización social del riesgo y sin ayudas para su retirada, los “negacionistas” triunfaran.

Las empresas y comunidades de vecinos, serán presionadas o de común acuerdo, contratarán piratas, que realicen la retirada de materiales de amianto, a precios mucho más reducidos, aunque sea a costa de jugar con la salud de trabajadores precarios y de la vecindad, al trabajar sin medidas de seguridad, con el agravante de que los residuos de amianto, terminarán en vertederos incontrolados, trasladando el problema de salud pública a las próximas generaciones.

Es necesario insistir: no es suficiente, realizar un buen censo del amianto instalado si no se controlan trabajos y se castigan las prácticas fraudulentas. La concesión de permisos de obra por los Ayuntamientos, en especial en las instalaciones donde el censo recoge la presencia de amianto, deberá ir acompañado de un seguimiento de la empresa que realiza la obra, si está acreditada para trabajar con el amianto, si cumple las rigurosas medidas de seguridad y si los peligrosos residuos, son enviados a un gestor autorizado. Sin control de los Ayuntamientos y de la ciudadanía, la picaresca de los piratas se impondrá, haciendo ineficaces los planes para erradicar el amianto y el riesgo de sus fibras cancerígenas.

Las fuerzas políticas municipalistas deben implicarse, promoviendo planes en los Ayuntamientos, para inventariar el amianto y la retirada segura, impulsando la sensibilización social para la correcta ejecución de los planes para erradicar el amianto instalado.

Quien pretenda ahorrar costes con una retirada fraudulenta, debe tener en cuenta, el grave riesgo para la salud generado, entre quienes trabajan en su retirada o en la vecindad. Un fraude criminal, ante el cual, no podemos cerrar los ojos, como si no nos afectará. Las prácticas ilegales, deben ser castigadas con la contundencia penal, especialmente, si se trata de piratas, como delito contra la salud pública, además de burlarse de las normas de seguridad, salud y medio ambiente y por poner en peligro la salud de las personas, incluidas las mascotas.

Jesús Uzkudun Illarramendi. Activista por la salud laboral y miembro de ASVIAMIE

Fuente: www.rebelion.org

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