El amianto, un peligro silencioso en los edificios españoles

En España, miles de edificios construidos hace más de treinta años contienen amianto, un material altamente peligroso para la salud. Utilizado ampliamente en el siglo XX por sus propiedades y bajo coste, hoy es conocido por causar enfermedades graves como cáncer de pulmón y mesotelioma. La presencia de amianto en viviendas es un problema persistente y complejo, agravado por la falta de un censo oficial y la insuficiente acción normativa.

Adolfo García Alonso, gerente de dMol, una empresa especializada en la retirada de amianto, estima que entre un 30% y un 40% de los edificios en España contienen materiales con asbesto. "Es probable que exista en la mayoría de las edificaciones anteriores a los años 80", comenta. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el amianto es responsable de enfermedades graves, incluyendo cáncer de pulmón, laringe y ovario, mesotelioma y fibrosis pulmonar. Además, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) atribuye al amianto unas 88.000 muertes anuales en Europa.

El asbesto es fácilmente identificable en cubiertas de fibrocemento ondulado, que suelen coronar muchos edificios. Estas cubiertas, a veces manipuladas para instalar antenas o salidas de caldera, son comunes en barrios como Meseta de Orcasitas, en Madrid, donde la retirada de las cubiertas comenzó en 2020 tras años de lucha vecinal. Además de en las cubiertas, el amianto se utilizó en bajantes, depósitos de agua, juntas de calderas y suelos vinílicos, entre otros elementos. 

Aunque España prohibió su fabricación y comercialización en 2002, el amianto sigue presente en muchos edificios. La Unión Europea ha establecido un plan para eliminarlo completamente de los edificios públicos para 2028 y de los demás inmuebles para 2032. No obstante, Laureano Matas, secretario general del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), señala que, al ritmo actual, España tendrá dificultades para cumplir con estos plazos.

CIERTAS CONDICIONES

Las comunidades de propietarios no están obligadas a retirar el amianto salvo en ciertas condiciones, como cuando el material ha superado su vida útil de 30 años o muestra signos de deterioro. Sin embargo, muchos vecinos desconocen el estado de estos materiales, lo que agrava el riesgo. "A partir de los 20 años, ya se produce una desfibrilación del material, exponiendo a los residentes a su degradación", explica Jorge Vila Lozano, abogado especializado en la materia.

El CSCAE recomienda la retirada del amianto incluso si no parece haber riesgo aparente, especialmente ahora que existen subvenciones disponibles a través de los fondos Next Generation, que pueden cubrir hasta 1.000 euros por vivienda o 12.000 euros por edificio para eliminar este material. Sin embargo, Enrique Fernández, asesor de Arquitectura del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, señala que sin subvenciones, los vecinos rara vez asumen el coste de la retirada, optando a veces por soluciones ilegales y peligrosas como el encapsulamiento incorrecto.

Solo las empresas registradas en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto) están autorizadas para manipular este material, siguiendo estrictas medidas de seguridad. Aun así, la gestión y eliminación del amianto es costosa y complicada, debido a la escasez de vertederos autorizados.

En el ámbito inmobiliario, no se exige actualmente ningún certificado que acredite la ausencia de amianto en las viviendas en venta. Según el abogado Vila Lozano, esto podría ser un vicio oculto indemnizable, y sugiere que los notarios deberían requerir esta información en las escrituras públicas de compraventa para reducir la litigiosidad y proteger a los compradores.

Fuente: www.mundiario.com

Noticia completa