'Afectados por el amianto del sector naval' critica en San Fernando los obstáculos al fondo de compensación

Los obstáculos para el fondo de compensación al que podrán acogerse los afectados por el amianto continúan, en este caso por las dudas del Ministerio de Seguridad Social de gestionarlo al considerar que debería depender del Imserso (Instituto de Mayores de Servicios Sociales). La asociación de Afectados por el Amianto del Sector Naval de la Bahía de Cádiz lamenta estas trabas que hacen que "España llegue tarde como siempre".

La entidad ha desarrollado las jornadas sobre amianto que ha tenido que aplazar en varias ocasiones por el covid-19 con la participación de un centenar de personas a los que ha informado de distintos aspectos en torno a las consecuencias del uso del amianto. Una de las cuestiones tratadas ha sido el fondo de compensación que ha pasado por el Congreso de los Diputados para su definición y puesta en marcha. El vicepresidente de la asociación, Pepe Casas, recordaba que la proposición no de ley llega tras aprobar el Parlamento del País Vasco la medida. Con la abstención de Vox, es aprobada y comienza el procedimiento con una comisión de trabajo. "pero últimamente han surgido problemas, y es por culpa del PSOE. Si no se aprueba ahora no va a ser nunca". 

El fondo de compensación contaría cada año con una partida de los Presupuestos Generales del Estado, con la recaudación por las sanciones de Trabajo a las empresas que no cumplen la normativa en tema de amianto y con fondos de las mutua. "En 2022 no incluían nada pero se consiguió una partida de 25 millones", apuntó Casas. Tras 174 enmiendas al borrador del fondo, ahora -se quejó-, "el Ministerio de Seguridad Social y el ministro Escrivá plantea que debe ser en Imserso quien lo gestione". Los retrasos en su aplicación llevaron a que hace unos días hubiera una protesta en las puertas del Congresos de los sindicatos CCOO y UGT.

También el doctor jubilado Antonio Escolar se refirió al fondo de compensación, para lamentar que en España no estuviera ya funcionando frente a otros países como Francia, Italia, Reino Unido o Países Bajos. Precisamente se detuvo en las características del fondo francés, para cuestionar que en España las administraciones, "los distintos gobiernos", pusieran tantos problemas. Aprobado en 2001, comenzó a aplicarse en 2003  y en estos años ha contado con casi 6.500 fondos públicos para compensar a los afectados por el amianto, tengan o no reconocida la enfermedad profesional. Acceden tanto los trabajadores como sus familiares y atiende a afectados tanto ocupacionales como domésticos o ambientales. Los domésticos son familiares afectados a través de material o vestimenta de trabajo recubiertos del polvo de amianto. Los ambientales responden a lugares de ubicación de industrias y centro de trabajo donde se manejaba o se usaba el amianto por sus características. Incluso contempla la compensación por daño psicológico. Asume la jubilación anticipada a partir de los 50 años si la enfermedad profesional está reconocida, y un año de anticipación por cada tres años trabajados si no la tienen.

Vigilancia de la salud

Desde la asociación de Afectados por el Amianto del Sector Naval se animó a los presentes que trabajaron en los astilleros de la Bahía de Cádiz, también en la base naval de Rota, a que acudan a su médico de familia para entrar en el protocolo de vigilancia de la salud. "Id, explicadles que trabajasteis en los astilleros y pedid que os mande al neumólogo", comentó. En la Bahía de Cádiz existe una unidad de referencia.

La recomendación parte de una realidad: no todas las personas que trabajaron en el sector y están jubilados tienen este control. El registro entregado por Navantia de los tres astilleros de la Bahía de Cádiz al Servicio Andaluz de Salud de la provincia de Cádiz -una conquista de los sindicatos- contemplaba hasta 10.792 trabajadores: 6.137 del astilleros de Cádiz, 2.603 de la factoría de Puerto Real y 2.052 del centro de trabajo de San Fernando. La criba del servicio de salud dejó el número en 4.718 personas, un 43,17% de ese total tras descartar por diferencias de DNI, domicilio incorrecto, residencia en otras comunidades autónomas, origen desconocido o fallecimiento. 

"El gran drama es que faltan los trabajadores de la industria auxiliar", advirtió Pepe Casas. "¿Quién tiene esos datos? ¿Quién se los pasa a la Junta?", se preguntó. Sería fácil, planteó, con un cruce de datos "con la Tesorería de la Seguridad Social, que sabe dónde has trabajado".

El reconocimiento del neumólogo y los informes médicos son importantes, también que el especialista complete un documento de sospecha de enfermedad profesional con el que acudir al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) para que estudie su reconocimiento.

Según los datos del doctor Escolar, que tachó de "vergüenza europea" lo que sucede en España, sólo un 9% de hombres con mesotelioma maligno de pleura tiene reconocida la enfermedad profesional entre 2007-2017. Por eso, insistió en que es importante acudir a los controles y contar con el mencionado documento de sospecha.

"Es vergonzoso que fueran los sindicatos quienes consiguieran los registros", dejó claro este epidemiólogo que habló de una espiral del silencio: "En España se sabían cosas, pero en una dictadura, sin sindicatos, con médicos sin interés o que no eran escuchados no hubo impacto de la normativa. La información procedía del extranjero". 

En ese contexto, el uso del amianto fue muy extendido en el sector naval, en el aeronáutico, la metalurgia, la industria eléctrica, química, textil y nuclear, o la construcción. Se usaba en los barcos; en canalizaciones, depósitos y conducciones de agua; en cubiertas, aislamientos o cuadros técnicos en construcción civil; en instalaciones industriales con riesgo de incendio (azucareras, vidrio, refinerías, fundiciones).

Eso hace que haya afectados de distintos sectores, familiares o residentes en zonas de industrias. Incluso hay estibadores afectados por las descargas del mineral en los puertos, como el Puerto de Cádiz por donde han pasado entre 1965 y 1980 algo más de 269.000 toneladas de amianto con los astilleros de la Bahía como destino.

"Hay militares afectados tras hacer vida en los barcos, donde el amianto se ha ido degradando y respirado", resumió Pepe Casas. Tanto él como Escolar, alabaron la actitud del Ministerio de Defensa, que sí "ha llegado a acuerdos con afectados que han denunciado sin tener que llegar a juicio". En esa línea también se pronunció el abogado Alejandro Zapata, asesor del colectivo.

Vía administrativa, vía judicial

Para luchar por el derecho de los afectados es primordial un buen diagnóstico clínico y un buen asesoramiento, dejó claro Zapata. El proceso se inicia con el control médico, pero existe el escollo del INSS  que en el 90% de los casos no acepta la incapacidad permanente solicitada, una postura que empeora cuando se trata de aceptar la enfermedad profesional relacionada con el amianto que no está en catálogo. "Si está, pero no es recogida de manera expresa por el informe médico no la reconoce tampoco", añadió. Por eso el afectado está abocado a acudir a la Justicia.

Las demandas actuales se dirimen con señalamientos en 2025. "Son tres años de demora, y tres años si pasa al Tribunal Superior de Justicia", calculó el abogado. "El INSS juega a eso: a que no se reclame", matizó. "No es fácil, porque la administración no está por la labor por reconocer en esta vía administrativa", insistió.

A partir de ahí vienen las reclamaciones por responsabilidad profesional contractual, que después de años con dificultades cuenta con una sentencia clave del Tribunal Supremo (TS) de diciembre de 2015 que obligaba a Uralita a indemnizar y estimaba que sí conocía los riesgos del amianto y no tomó medidas para proteger la salud de los centros de trabajos y fuera de estos.

"Estas reclamaciones se están resolviendo justo antes de llegar a juicio", desveló de manera gráfica el letrado que habla de que se deba llegar tras una primera comunicación a la empresa hasta ese punto para un acuerdo, "porque evitan que en el juicio se traten los daños psicológicos y las compensaciones por ello".

Afectados

Zapata estima que a partir de ahora habrá numerosas reclamaciones tanto para el reconocimiento de la enfermedad profesional como en la demanda a la empresa al surgir ahora los casos. Eso sucede porque el 90% de los casos se da en personas de más de 65 años cuando ya se han jubilado por el periodo de latencia que se puede alargar de 30 a 40 años.

Antonio Escolar aludió a un estudio de estimación de muertes de 2013 que observado con los años se quedó corto en sus estimaciones. Hay un sub registro, señaló, "y va a persistir hasta 2040 o 2050 por los cientos de toneladas de amianto que quedan en construcciones y otros espacios".

Los datos apuntan a un caso de mesotelioma maligno de pleura por cada 170 toneladas de amianto y de 3 a 6 casos de cáncer de pulmón por cada mesotelioma maligno pleural.

Fuente: www.diariodecadiz.es

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