Las víctimas del amianto luchan contra la burocracia que frena sus compensaciones

José Benito Acosta Morán trabajó entre 1958 y 1991 en la siderúrgica Aristrain, hoy ArcelorMittal, en contacto con el amianto. El comité de Seguridad y Salud de la empresa reconoció en 2006 que se empleaba amianto. José Benito trabajaba en la boca del horno y participaba en las labores de demolición y reparación de los hornos y en el mantenimiento de las tuberías. En 2007 le diagnosticaron un mesotelioma pleural maligno izquierdo, un tipo de cáncer. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco condenó en febrero de 2011 a ArcelorMittal Olaberria al pago de 239.226,38 euros a Acosta Morán, de 75 años, en concepto de daños y perjuicios por su enfermedad derivada del contacto con el amianto. La sentencia llegó dos semanas después de la muerte de este trabajador. Aún hoy, el techo de los garajes de las casas colindantes a la factoría, en el barrio de Ihurre, es de placas de Uralita, rebosante de fibras de amianto y fibrocemento.

Está por todas partes: tuberías, vagones de trenes y metro, estaciones, tejados, conducciones de gas, casas construidas principalmente entre los años 60 y 80 del siglo pasado... Según el sindicato CCOO y expertos científicos todavía quedan en España instaladas más de 2,6 toneladas de amianto, asbesto o fibrocemento. Un material de moda a mediados del siglo XX por sus características aislantes, ignífugas y por ser, sobre todo, barato, pero que fue prohibido definitivamente por la Unión Europea en 2001 debido a ser un agente cancerígeno.

Lola, de 77 años, murió hace dos en Barcelona también por un mesotelinoma pleural. Ella nunca había trabajado en una fábrica que empleara amianto, pero contrajo la enfermedad después de lavar durante años a mano los monos de trabajo de su esposo, también fallecido, que trabajaba en un taller mecánico. Casos como los de José Benito o Lola hay a millares en España. Por ejemplo, han sido ya varios los trabajadores del Metro de Madrid fallecidos a causa de su exposición al amianto y el caso se encuentra actualmente en los tribunales. En noviembre de 2019 los mismos tribunales de Justicia condenaron a la empresa  Uralita a pagar 3,5 millones de euros de indemnización a un grupo de 14 vecinos de Cerdanyola del Vallès y de Ripollet (Barcelona) afectados por la exposición al amianto proveniente de la fábrica dedicada a la manufactura de productos derivados del fibrocemento.

Según el informe Asbesto Crisolito, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año hay en el mundo 107.000 nuevos afectados por el amianto y 125 millones de personas de todo el mundo están, aún hoy, expuestas a ello. "En España se calcula que han muerto ya 40.000 personas por esta 'epidemia' y que de aquí al año 2030 pueden ser otras 40.000 más", explica el vicepresidente de la Asociación de Afectados por el Amianto de Cataluña, José Luis Gómez. Algunas fuentes cifran en 1.900 al año las muertes causadas en España  por este 'asesino silencioso'. Por comparación, en nuestro país el pasado 2019 murieron 1.098 personas en accidentes de tráfico en las carreteras.

Liberar el fondo de compensación

Todas las asociaciones de afectados por el amianto exigen lo mismo y miran hacia el todavía nonato gobierno comandado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: "Es urgente ya la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, que pese a llevar años tramitándose en el Congreso y concitar la práctica unanimidad de todos los grupos, está parado desde hace dos años". Salvador Ripollés, de la Asociación de Afectados por el Amianto de Valencia, se hace eco de la urgencia de la medida:  "Las reclamaciones de aquellos que ya tienen un diagnóstico de la enfermedad causada por el amianto se deben dirimir vía judicial, procesos que se dilatan durante varios años. Por eso pedimos el cambio en la legislación que compense a las víctimas sin tener que acudir a la vía judicial". Así, insisten, se igualará la legislación sobre el amianto a los países de nuestro entorno, como Francia.

José Luis Gómez y el presidente de ASVIMIE, Miguel Marqués, van incluso más allá y exigen "el mapeo del amianto instalado en España y su retirada, llegado el caso, por empresas especializadas y con todas las garantías", como es el caso de la Comunidad Foral de Navarra, única que cuenta con una ley integral en este sentido. 

Las principales estimaciones apuntan a que en 2025 se producirá en España el pico de muertes por amianto y a partir de ahí la curva empezará a bajar, aunque hasta 2040 miles de personas seguirán perdiendo la vida por asbestosis, cáncer de pulmón o mesotelioma. El amianto ataca directamente a la pleura, la capa exterior de los pulmones, y acaba dejando sin respiración a quienes trabajaron con él. En España se prohibió en 2002, tres años antes de la fecha límite que estableció la Unión Europea, para un material que ya en 1976 fue incluido en el listado de elementos cancerígenos. 

Hoy, cuarenta años después, y pese a que no existen estadísticas oficiales, la percepción entre los habitantes de los barrios donde hubo materiales con amianto es que las muertes por cáncer son allí "muy superiores a las de otras localidades del entorno".

Fuente: www.lainformacion.com

Noticia completa