La juez impulsa la causa del amianto de Metro con la citación de testigos

La magistrada María Isabel Garaizabal, responsable del juzgado de instrucción número 23 de Madrid, ha impulsado la causa del amianto de Metro con las primeras citaciones de testigos. La juez ha empezado a llamar a trabajadores del suburbano después de que la Fiscalía presentase una denuncia contra siete responsables del área de Salud y Prevención de Riesgos de la compañía por delitos contra los derechos de los trabajadores, homicidio imprudente y lesiones por imprudencia. Esta misma semana, además, se han emitido dos circulares internas en la empresa donde se alerta de que se ha detectado la presencia de este material en nuevas infraestructuras.

Entre los citados por la juez se encuentra Alfonso Blanco, de 52 años, que es oficial de Metro Madrid. Lleva 28 años en la empresa y trabajó codo con codo con Antonio Morán y Julián Martín, dos de los cuatro trabajadores de la compañía con asbestosis ya reconocida. Morán fue el primer empleado fallecido por la mortífera enfermedad laboral asociada al amianto. Martín fue la siguiente víctima. "He cortado con ellos, he soplado con ellos… Hemos trabajado en el mismo turno y nunca nadie nos avisó de que manipulábamos amianto", dice Blanco, que testificará ante la magistrada en diciembre tras recibir una citación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Ya dio su testimonio a la Fiscalía y a la Policía Judicial. "Voy a contar lo mismo: nunca nos informaron del peligro del amianto", agrega.

Con esta iniciativa, Garaizabal impulsa la vertiente judicial de un caso que provocó también un terremoto político durante la pasada legislatura. La Asamblea regional constituyó una comisión de investigación que concluyó que Metro sabía, al menos, desde 1991 la existencia de amianto en su red y que conocía los riesgos que acarrea para la salud de los trabajadores, pero lo ocultó a los empleados durante más de dos décadas. Un dictamen que se remitió a la Fiscalía tras apoyarlo PSOE, Podemos y Ciudadanos; y que despreció en ese momento el PP, que trató de desprestigiarlo. De hecho, el entonces líder de los populares y presidente autonómico, Ángel Garrido —ahora en Cs y nuevo consejero de Transportes—, afirmó que las aseveraciones de esta comisión, respaldada por su actual formación, "habitualmente están previamente escritas". "Creo honestamente que desde el Gobierno de la Comunidad y desde la Consejería de Transportes se ha trabajado en la buena dirección", se defendía entonces Garrido. "Por ahora han citado, al menos, a cuatro testigos: todos compañeros o allegados de los fallecidos", continúa Alfonso Blanco.

Esta iniciativa de la juez se produce después de que el Ministerio Público presentase el pasado junio la denuncia contra los siete responsables del área de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de Metro por ocultar a los trabajadores que estaban manipulando piezas con amianto, por no entregarles los equipos de protección para "manipularlas con seguridad" y por exponerlos, por tanto, a "gravísimas enfermedades".

"Crearon una situación de riesgo careciendo de toda política preventiva", insistía la Fiscalía en un durísimo escrito, donde recordaba que dos trabajadores han fallecido tras años de exposición prolongada a este mineral, que al menos otros dos han enfermado y que casi un millar han corrido un peligro similar al haber realizado tareas en contacto con el amianto. Este material contiene fibras que pueden liberarse al aire y que pueden producir cáncer cuando se respiran durante largo tiempo o se está expuesto a altos niveles de ellas durante cortos periodos. En España está prohibido trabajar con este desde 2002.

Sin responsables políticos

Metro no informó a los trabajadores hasta 2017 de la existencia de amianto en su red. "Hay un escándalo muy grande con este tema", incidía Sol Sánchez, diputada regional de Unidas Podemos durante la manifestación que los empleados del suburbano convocaron la semana pasada para denunciar los problemas y la grave situación en la que se encuentra el servicio público, entre ellos la exposición al asbesto. "Es un asesino en diferido, que mata 10 o 20 años después de la exposición", continuaba Sánchez.

A pesar del avance de la investigación, a los sindicatos la denuncia se les queda todavía "coja" porque, aunque investiga a siete responsables de prevención de riesgos laborales, no se hace referencia a ningún responsable político de la empresa pública. "Todos somos conscientes de que los responsables de área no toman decisiones sin que lo sepan más arriba", explica CC OO, que ha pedido personarse en la causa, sobre la gestión en esta empresa pública dirigida por la Comunidad, que desde 1995 está gobernada por el PP. Actualmente, en coalición con Ciudadanos. 

Fuente: www.elpais.com

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