18 Enero 2018
El año nuevo empieza con buenas noticias para las familias de los afectados por amianto, y es que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, acaba de dictar sentencia donde inadmite el recurso de casación interpuesto por Uralita contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en marzo del pasado año. Dicha Sentencia condenaba a la demandada Uralita SA a abonar en concepto de daños y perjuicios, 300.000€ a la viuda y 200.000€ a cada uno de sus dos hijos.
D. Juan J. V. B. prestó sus servicios profesionales para la mercantil ROCALLA SA desde 1973 hasta 1982 como especialista de primera en moldeados, donde estuvo directa e indirectamente expuesto al amianto de manera continua, ya que su cometido principal, era hacer los moldes que se fabricaban en la factoría de Córdoba para los distintos productos que para la construcción allí se realizaban.
La continua y constante exposición al amianto, provocó que D. Juan J. V. B. sufriera un mesotelioma pleural diagnosticado en 2.011 falleciendo tras un deterioro progresivo el 6 de agosto de 2.012.
En Mayo de 2.013, la viuda e hijos de la víctima, presentaron demanda ante los Juzgados de lo Social de Madrid. Dicha demanda fue inicialmente desestimada por entender que Uralita y Rocalla no eran la misma empresa. Ello motivó que se interpusiera el recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fue estimado condenando a la empresa Uralita a pagar 700.000€ a los herederos del fallecido.
Uralita interpuso recurso de casación que ha sido inadmitido por falta de contenido casacional, y por pretender modificar los hechos considerados probados y por falta de contradicción. El Tribunal Supremo solicitó informe al Ministerio Fiscal que estimó procedente la inadmisión.
Esto supone una nueva victoria de la firma Oria, Pajares & Asociados en un caso no exento de dificultad tanto por la mercantil condenada al haber habido una compleja sucesión empresarial, como por las circunstancias concretas del caso. Sentencia favorable íntegramente en la que, además, se reconoce una de las indemnizaciones hasta ahora más altas dictadas a favor de los afectados por el amianto que no sólo tienen que luchar contra los efectos de las enfermedades que dicho cancerígeno material provoca, sino contra las dificultades que supone su prueba en los Tribunales.
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