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El último de ellos se registró el pasado 24 de septiembre, tal y como recuerda la asociación, cuando fue aprobada por unanimidad una proposición no de ley que instaba al Gobierno central a aprobar el reglamento del fondo de compensación para las víctimas del amianto que incorporaba las alegaciones presentadas por sindicatos y asociaciones de este colectivo. Una vez más, según critica Fedavica, han transcurrido otros tres meses sin que hayan recibido notificación alguna por parte del Ejecutivo de Sánchez.
Más de 4.000 fallecidos anuales
Fedavica alerta en un comunicado del número de personas que, a nivel estatal, se encuentra a la espera de ser compensada por este fondo al ser víctima del amianto o familiar de una persona fallecida por la exposición a este material tóxico, y pone cifras oficiales a este problema. Según señala, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones eleva a 4.582 el número de fallecidos anuales por amianto.
Sin embargo, cree que este número es muy superior y basa su afirmación en los datos recabados por el sindicato UGT, que en un informe incide en la infravaloración de los cánceres derivados por el amianto y concluye que sólo el 0,44% de los fallecidos por cánceres de pulmón, bronquios y laringe tenían reconocida la enfermedad profesional, mientras que en el caso de los fenecidos por mesoteliomas el porcentaje se sitúa en un 9%.
Falta de competencia
Recuerda que la responsabilidad de crear este instrumento de compensación corresponde al Estado, puesto que “no cumplió su deber de velar por la salud de la ciudadanía” al desplegar, según dice, el amianto por el país “para amparar el nacimiento del emporio Uralita”. Opone las reticencias estatales a generar un fondo de compensación con la reacción del Gobierno francés, que hace 20 años puso en funcionamiento un instrumento de estas características para el que ha destinado en este año 2024 un presupuesto de 431 millones de euros. La cifra total de estas dos décadas se eleva a 7.302 millones de euros, según la memoria correspondiente a 2023.
“La falta de acción del Gobierno agrava más el sufrimiento de las personas afectadas y sus familiares”, advierte Fedavica, que acusa al Gobierno central de “falta de sensibilidad y prioridad hacia una cuestión de salud pública urgente”. Para argumentar esta afirmación, además, realiza un repaso al recorrido de este proceso que, según relata, ha contado desde el inicio con el apoyo del Parlamento vasco, que ya en 2013 constituyó una ponencia para estudiar la posibilidad de crear este fondo de compensación con 18 ponencias parlamentarias.
Plazo incumplido
En 2015 el Parlamento vasco aprobó por unanimidad un proyecto de ley y, al no tener competencia, trasladó su propuesta al Gobierno español. Sin embargo, los sucesivos adelantos electorales provocaron que tuviera que volver a presentar su planteamiento otras tres ocasiones más, en 2016, 2017 y 2019. En octubre de 2022 finalmente fue aprobada la ley que daba 90 días de plazo para que se aprobara el reglamento de este fondo y su entrada en vigor.
“A pesar de todo ello, hoy nos encontramos que el citado reglamento no ha sido aprobado por el Gobierno”, critica Fedavica, asociación que también ha recibido el respaldo de diputados y diputadas de PNV, EH Bildu, ERC, Junts, BNG, Coalición Canaria, Podemos y Sumar con una carta que dirigieron al Gobierno para que se aprobara este reglamento de manera inmediata. Ante el “caso omiso” que, según Fedavica, obtuvieron, el pasado 24 de septiembre presentaron una proposición no de ley aprobada por unanimidad sin que, por el momento, se hayan registrado más avances.
Fuente: www.noticiasdegipuzkoa.eus
