El Fondo para víctimas de amianto vuelve a estar en el limbo tras las elecciones

Familiares y víctimas del amianto llevan más de una década pidiendo un fondo de compensación para todas aquellas personas cuya vida se haya visto afectada por el contacto con este material. Ya en mayo de 2013, el Parlamento vasco decidió crear una ponencia para estudiar la posibilidad de crear esta herramienta para las victimas, movimiento en el que participaron todos los estamentos de la sociedad vasca: sindicatos de trabajadores, sindicatos empresariales, diversas asociaciones médicas, el Instituto vasco de Seguridad y Salud Laboral -Osalan-, y especialistas en la materia.

Dos años y dieciocho comparecencias parlamentarias después, el Pleno del Parlamento vasco, aprobó por unanimidad un proyecto de ley para crear dicho fondo, y, puesto que este órgano no contaba con las competencias necesarias para ponerlo en vigor, propuso al Congreso de los Diputados la aprobación del mismo. 

Han pasado más de diez años desde que se comenzaron a dar los primeros pasos en busca de una herramienta que, tal y como afirman las víctimas, si bien no repara el dolor, ayudaría a que se reconociesen muchas más víctimas. Diez años en los que, según detallan desde las Asociaciones de víctimas del amianto del estado, el Parlamento vasco ha tenido que registrar dicho proyecto de ley hasta en tres ocasiones, en los años 2016, 2017 y 2019 como consecuencia de los diferentes adelantos electorales.

Tres intentos que, aunque en la segunda y tercera ocasión fueron tomados en consideración por los Plenos del Congreso de los Diputados, no habían tenido sus frutos y habían acabado paralizados por el contexto político que vivía el país en aquellos momentos, hasta que en octubre del 2022 por fin se aprobó por parte el Senado; y con su publicación en el BOE concluyó un largo proceso institucional.

Aprobado pero sin reglamento

El resultado, sin embargo, no ha sido el que se esperaba. Y es que, tal y como denuncia Jon García, portavoz de las Asociaciones de víctimas del amianto del estado, ahora se encuentran con el incumplimiento por parte del Gobierno de lo establecido en la propia Ley, la obligación de desarrollar su reglamento en un periodo de 90 días; periodo que concluía el pasado 20 de enero del 2023. "A día de hoy seguimos sin aprobar dicho reglamento, y además con un proyecto del mismo, por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que no mantiene el espíritu de la Ley en lo relativo a las cuantías y el procedimiento a seguir", afirma. 

Por eso, además de considerar que esta ley, que es la primera ley propuesta por iniciativa del Parlamento vasco en la historia de la democracia, "supone una discriminación con otros colectivos, como son las víctimas del terrorismo, victimas del VIH y la Talidomida. Colectivos todos ellos a los que se les otorga como mínimo unas cantidades económicas tres veces superiores a las propuestas a las víctimas del amianto"; piden agilidad para que esta herramienta se convierta cuanto antes en una realidad. 

"Es del todo necesario que el Gobierno en funciones apruebe el Decreto del Reglamento y rectifique los puntos señalados respetando el espíritu de la Ley", porque, aunque no hay una cifra calculada con rigor, se estima que podrían ser miles las personas afectadas por este material sólo en Euskadi. 

Fuente: www.prevencionintegral.com

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