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Es lo que denuncian las asociaciones, que hablan en nombre de muchos de los 3.200 afectados en Navarra según datos de Salud Laboral y que han recibido de forma muy positiva el final de un proceso legislativo que ha durado diez años.
La ley prevé un fondo de compensación para las víctimas –en la línea de lo que ya han hecho países como Francia, Holanda o Bélgica– y extiende las ayudas no solo a los trabajadores que manipularon materiales con amianto, sino también a las mujeres que les lavaban los buzos, por ejemplo. Además, la ley permitirá acceder a ayudas a personas que tienen vedada la vía judicial por no tener empresa a la que reclamar la indemnización.
El abogado José Ignacio Loitegui ha trabajado con afectados de amianto y el jueves daba su visión en una entrevista en Radio Ática. Señalaba algunos puntos clave, algunas incógnitas y algunos riesgos. ¿Las claves? La ley habla de reparar el daño en sentido amplio, no de forma parcial, por lo que se deduce que afrontará las indemnizaciones con fondos suficientes. Otra clave es que será el fondo el que pagará las indemnizaciones a los trabajadores, y que luego será la Seguridad Social la que reclamará a las empresas los daños, de tal manera que a las empresas no les va a “salir gratis” en caso de negligencia.
¿Tributarán las indemnizaciones?
Y hay también incógnitas. La primera, qué cantidad de dinero dispondrá el fondo –y si las ayudas tendrán que tributar–, algo que es importantísimo y depende del reglamento.
El riesgo nace de esa incógnita: la Seguridad Social está colapsada y puede que en tres meses no tenga listo el detalle de la ley, y sin reglamento no habrá dinero en los próximos Presupuestos. Esto es algo que hay que tener claro. Aunque bien es cierto que las víctimas del amianto están acostumbradas a procesos largos.
Por todo esto, las asociaciones reclaman celeridad. La ley ya está, el reglamento puede inspirarse en ella y estar listo en poco tiempo pese al volumen de trabajo de la Seguridad Social. Y también concreción para fijar las ayudas. Hay de plazo hasta enero. Si no se hace antes del verano, se corre el riesgo de que el final de la legislatura sepulte un proyecto por el que miles de afectados llevan diez años suspirando.
Fuente: www.noticiasdenavarra.com
