30 Septiembre 2021
Tras constatar la presencia de amianto en las instalaciones de RTVE, USO dirige una petición al Gobierno para que reconozca el origen laboral de las enfermedades que desarrollen sus trabajadores
USO ha dirigido una petición a los ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para solicitar que RTVE reconozca el origen laboral de las enfermedades relacionadas con el amianto que desarrollen sus trabajadores.
“Reclamamos que no tengan que ser los propios trabajadores, o sus familiares, los que deban iniciar una batalla legal, costosa y compleja contra la Mutua y la Seguridad Social”, destaca Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.
El secretario general de la Federación de Industria de USO (FI-USO), Pedro Ayllón, espera “que se actúe de manera inmediata y urgente para proteger a los más de 1.000 trabajadores de los estudios de Prado del Rey que han estado en contacto con este material nocivo, cuyos efectos son devastadores”.
Tras constatar la presencia de amianto en los Estudios 1, 2, 3, 5, 7 10 y 11 de RTVE, el sindicato reclama también que el Gobierno inste a la Corporación pública a ampliar los reconocimientos médicos a otras categorías profesionales que hayan podido inhalar fibras, como maquilladores o presentadores. También a los trabajadores que hayan desarrollado su actividad en estos estudios en el periodo previo a la encapsulación, estén trabajando o no en la actualidad en RTVE.
Además, USO solicita modificar el Real Decreto 1698/2011 para que se incluya el establecimiento de coeficientes reductores o facilitar el acceso a la jubilación anticipada con el 100% de la pensión a los trabajadores expuestos al amianto. Y, con respecto a los trabajadores que actualmente tengan problemas derivados de la exposición a este material, USO pide que puedan optar a una reducción de su jornada sin afectación a su sueldo y a sus cotizaciones.
La presencia de amianto en las instalaciones de RTVE es innegable. En el Estudio 1, construido en los años 70, las paredes y los techos se cubrieron con un proyectado de aglutinante y fibra de amianto para solucionar problemas de ruido.
Tal y como se recoge en la sentencia 85/2021, del Juzgado de lo Social de Madrid, la enfermedad que ocasionó la muerte del periodista José María Íñigo tiene como origen la exposición al amianto: “la variedad de amianto utilizada en el Estudio 1 fue crocidolita (amianto azul), perteneciendo al grupo de materiales friables, que puede ser disgregado o reducido a polvo con la sola acción de la mano”.
RTVE, a pesar de verse obligada, a partir de los años 80, a tomar medidas para evitar el contacto con el amianto, como la encapsulación, medidas de seguimiento y valoración, modificación de los sistemas de climatización, etc., no realizó ninguna de ellas. De hecho, se constató la existencia de fibras de amianto en los trabajos de limpieza desarrollados sobre el sistema de climatización en 2017.
El amianto es el principal cancerígeno laboral. A pesar de estar prohibida su utilización y comercialización desde 2002, muchos edificios, medios de transporte y elementos industriales construidos previamente contienen amianto. Durante años, trabajadores y usuarios han estado expuestos sin medida preventiva alguna.
En España, se estima que la cifra total de fallecidos a causa del amianto ascenderá a los 130.000 en 2050. Un 40% de ellos está aún por diagnosticar. Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el amianto sería el responsable de entre el 10% y el 15% de los cánceres de pulmón en España.
Por ello, USO reclama que se elabore una Ley contra el Amianto que incluya:
Acciones de sensibilización social y formación para que tanto los trabajadores, como los ciudadanos, sean conscientes de los riesgos que conlleva la exposición al amianto.
La elaboración de un censo de trabajadores que hayan estado expuestos al amianto para poder detectar de manera temprana aquellas enfermedades derivadas de la exposición.
La creación de un censo del amianto instalado en España, así como aquellas cantidades de amianto que han sido vertidas ilegalmente en entornos rurales y urbanos; con el fin de proceder a su identificación y retirada urgente.
Un plan específico de actuación urgente para retirar las toneladas de amianto de los terrenos de antiguas fábricas que trabajaban con dicho material.
Un programa de indemnizaciones a las personas trabajadoras afectadas por el amianto, así como a sus familias.
La creación de un fondo público de compensación para los trabajadores y trabajadoras que han estado expuestos al amianto, el cual ya se encuentra en países como Francia.
Fuente: www.uso.es
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