¿Para cuándo la condena de los crímenes por envenenamiento en el trabajo?

Esta semana, del 16 al 21 de diciembre de 2019, permanecerá en los anales de los movimientos de resistencia a la violencia en el trabajo.

Los dirigentes de unos grupos industriales, han sido reconocidos culpables de infracción y de faltas, por la justicia penal, y condenados a penas de prisión.

Sin embargo, la vía de la justicia penal permanece obstinadamente cerrada para las víctimas de envenenamiento industrial, por la negativa política de abrir tales procesos, con la complicidad de expertos médicos. La lucha continúa…

Se trata de «AZF-Total» (1) y de su director general, Serge Biechlin, para quienes, el 17 de diciembre de 2019, la Corte de Casación ha confirmado la sentencia de la Corte de Apelación de París, de 31 de octubre de 2017, concerniente a la catástrofe industrial del 21 de septiembre de 2001, en Toulouse, con la condena de Serge Biechlinn, y que sin embargo, fue solamente de 15 meses de prisión suspendida.

Se trata también de «France Télécom» (2) y de los principales dirigentes que provocaron una ola de suicidios debidos al trabajo, entre los trabajadores de esta empresa.

Didier Lombard fue sentenciado, en primera instancia, este 20 de diciembre de 2019, a un año de prisión, incluidos cuatro meses firmes.

Decisiones decisivas para la salud de los trabajadores.

Estas dos decisiones judiciales constituyen, sin duda, avances importantes y un recordatorio vigoroso del derecho de los trabajadores a no ser sometidos a violencia, física o mental, en el trabajo.

Es también un recordatorio de que las opciones de organización del trabajo, tales como la subcontratación de la muerte en el trabajo o la gestión por el suicidio, constituyen infracciones gravísimas al derecho del trabajo.

Finalmente, es un recordatorio de que el enriquecimiento basado en la muerte de trabajadores (y de aquellos que viven cerca de sitios de riesgo) está sujeto a una prohibición importante, que requiere que cualquier forma de homicidio, voluntario o no, está sujeto a condena. Nuestras vidas valen más que sus ganancias.

Tuve la oportunidad de aportar mi testimonio en los procesos «AZF» y participé con la asociación Henri Pézerat (https://www.asso-henri-pezerat.org/) en la movilización sindical y asociativa, habiendo sostenido el combate por justicia para las víctimas profesionales y medioambientales de esta catástrofe industrial.

En cuanto al juicio «France-Telecom-Orange», seguí su progreso y, sobre todo, participé en la movilización no solamente en apoyo de las víctimas y de las afligidas familias, sino que también en la resistencia al desprecio hacia las víctimas, por parte de los acusados.

Yo no puedo menos, que rendir homenaje al formidable trabajo que ha supuesto la adhesión de los jueces, trabajo realizado en alianzas sin precedentes, entre los diferentes actores involucrados en estos juicios, junto con los partidos civiles: abogados, activistas sindicales y de asociaciones, inspectores de trabajo, investigadores, periodistas de investigación.

Estas decisiones son históricas y constituyen hitos esenciales en el reconocimiento legal y político de los delitos industriales, en oposición a la justicia de clase, que prevalece en nuestro país.

Contra la violencia tóxica, la justicia atrapada en la prueba pericial médica.

Sin embargo, mi corazón está encogido esta mañana, pensando en todos aquellos cuya muerte y, antes de eso, la enfermedad, son debidas a esta otra violencia mucho más clandestina, pero grave, que sufren las víctimas de atentados a la vida, debido a la exposición a sustancias tóxicas conocidas por sus efectos patógenos y fatales: amianto, radiactividad, sílice, innumerables moléculas químicas, pesticidas, incluido el último avatar, los SDHI (inhibidores de la succinato deshidrogenasa) (3), han sido objeto de una nueva alerta científica para una retirada inmediata, ya que los peligros son evidentes…

Estas muertes por violencia tóxica, no han conocido ni conocen, por parte de los jueces franceses, el enfoque de los juicios «AZF» o «France-Telecom», a saber, que consiste en juzgar los hechos, en la identificación esencial de las infracciones y faltas

caracterizadas, que han llevado al desastre, industrial en el caso de «AZF», y de muertes por suicidio, en el caso de «France Telecom». Un enfoque a la escucha de las víctimas y de los testigos de ellas.

En los (no)procesamientos de los industriales del amianto, responsables de decenas de miles de víctimas (3000 muertes por año en Francia, esto después de al menos 20 años y sin duda todavía durante otros 20 años más), los «negocios» han sido confiados al «polo salud pública» de la cámara de instrucción de la Corte de Apelaciones de París.

Se estancaron en debates de expertos, como si el tema principal de estos juicios ya no fuera un examen de los hechos, sino una delegación del proceso de justicia, a los expertos médicos.

Los jueces encargados de las instrucciones judiciales, dejaron de lado los hechos, las infracciones y las faltas, para delegar el trabajo de puesta en examen de los actos de culpabilidad, en juicios de expertos, dominados por la estrategia de la duda epidemiológica.

Así, en respuesta a la denuncia penal presentada, veinte años antes, ante el fiscal de Clermont-Ferrand, después, en el 18 de septiembre de 2018, la Corte de Casación confirmó el «no ha lugar» de la Corte de Apelación de Versalles, que en 31 de mayo de 2017 había adoptado, y en razón de por la cual, «las partes civiles no aportaban pruebas» de la culpabilidad de Claude Chopin, último CEO (siglas, del inglés Chief Executive Officer -«director ejecutivo»-) de la compañía «Amisol», quien sin embargo sí había sido acusada en Clermont-Ferrand. (4)

Pero el «cambio de escenario» del expediente, hacia la Corte de Apelación de París

y su polo de salud pública, ha puesto los hechos, delitos y faltas, entre paréntesis.

Todos ellos impregnados de la ideología dominante que reina en la salud pública, a saber: la duda sobre la hora, el día, y el momento de la intoxicación mortal que ha conducido al surgimiento del cáncer, y luego, de la muerte de las víctimas, con lo que los expertos convocados por los jueces parisinos han protegido, a los industriales y a sus respectivos testigos expertos, de ser objeto de una verdadera encuesta judicial, digna de ese nombre.

Al afirmar que es imposible de identificar con certeza el momento del ataque del amianto a las víctimas, los expertos se han puesto, de hecho, del lado de los envenenadores, y en contra de las víctimas, los operarios.

¡¡Ellos sabían que la mortal producción, de los textiles hechos con amianto, ha conducido a este desastre colectivo, de varias décadas de duración, y ya anunciado, para el conocimiento de la dirección de «Amisol», ya en la década de los años 70!!

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Fuente: www.kaosenlared.net

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