Estudio pionero para detectar el amianto en las casas

El amianto sigue amenazando la salud de la población en el Vallès. Conscientes del riesgo que comporta su utilización en la construcción durante varios años, diversas entidades vecinales del Vallès Occidental han creado un frente común para presionar a la administración y lograr que se retire el asbesto de forma segura no solo en el ámbito público, sino también en el privado.

“El amianto no es solo un problema de salud laboral. Es un problema de salud pública” , advierte el médico de familia y neumólogo Josep Tarrés quien junto a otros nueve médicos ha estudiado la incidencia de las enfermedades causadas por este material aislante. Aunque su uso está prohibido desde el año 2002, los expertos vaticinan la aparición de una “segunda ola de mesioteloma”. El cáncer pleural que pueden sufrir las personas que respiran las fibras de este mineral utilizado en la mayor parte de los edificios construidos antes de 1990.

Uno de los municipios más activos en este sentido es Badia del Vallès. Ayuntamiento y asociación de vecinos han creado una comisión especial y llevarán a cabo un estudio pionero en el Estado. Su objetivo es determinar qué bloques son los más degradados y en cuáles se observa un desprendimiento de fibras de amianto que puedan estar siendo inhaladas por las personas que viven en ellos. De esta forma, también se determinará la urgencia en la que hay que intervenir y se llevará a cabo una planificación de las actuaciones.Para cumplir este propósito, los impulsores del análisis creen necesario implicar a la administración en la retirada del material y conseguir fondos públicos para realizarla.

En este municipio de apenas 13.500 habitantes, la totalidad de los pisos fueron construidos a principios de los años 70 con amianto. Galerías, bajantes, tuberías y cubiertas de edificios son algunos de los elementos a examinar. Su alcaldesa, Eva Menor, es clara a la hora de hablar del tema: “Tenemos que dar una información veraz para que el ciudadano sepa realmente si tiene que preocuparse o no”.

En estos momentos, los riesgos que el amianto supone para la salud y las dudas que se plantean alrededor de la seguridad de los inmuebles inquietan a los badienses. “Si partimos de la premisa que el amianto es peligroso se puede decir que Badia es potencialmente peligrosa; pero esa afirmación es arriesgada porque todavía se desconoce el grado de peligrosidad de los elementos con los que convivimos”, subraya Menor. Sostiene que pese al derecho que tienen los vecinos a estar bien informados es necesario no generar alarma social, sin que esto suponga que “debamos vivir de espaldas a un problema”.

La alcaldesa remarca que para hacer frente a la situación es necesario que vecinos y administración vayan de la mano. Y alude a la responsabilidad pública para solucionar el problema. En este sentido, señala directamente a la Generalitat. La falta de recursos económicos para desamiantar el municipio también preocupa.

“Somos una ciudad pequeña que ahora empieza a degradarse”, explica Joaquín Nogués, miembro de la comisión. Manifiesta su inquietud ante la vulnerabilidad de sus vecinos: “Junto con los edificios ha envejecido la población y la gente mayor no dispone de suficiente dinero para asumir el gasto que supone retirar el amianto de los bloques”. A esta circunstancia, Nogués añade el hecho de que en el 2026 los pisos dejarán de ser de protección social. “Tendremos que pagar más impuestos y todavía será más difícil que podamos retirarlo”, apunta.

Para Badia el tema no es nuevo. La alcaldesa recuerda que en el año 2007 ya se acordó con la Generalitat un plan que preveía cambiar las galerías de 80 comunidades. Solo se sustituyeron 30. La crisis económica y la inestabilidad política, según Menor, echaron al traste las aspiraciones de la localidad. Años después el Ayuntamiento propuso modificar el acuerdo inicial para llevar a cabo una intervención integral. No fue posible. Sin embargo, Menor apunta que se consiguió que la Generalitat aceptase incluir en el presupuesto una partida de 1 millón de euros para desamiantar la localidad siempre y cuando se tuvieran recursos. A día de hoy tampoco se ha realizado esta aportación, asegura la primera edil.

La comisión del amianto cuenta con el asesoramiento del higienista industrial y responsable del estudio Lluís Mallart, quien no duda en subrayar que en Badia se localiza “la mayor concentración de kilos de amianto por cápita de todo el Estado”. Mallart es quien guía a la comisión a la hora de avanzar en el análisis. 

Para llevarlo a cabo se ha contactado con una empresa francesa y será necesario formar a unas 40 personas que, de forma voluntaria, se encargarán de recoger las muestras de aquellas estructuras que son visibles. Aunque la amenaza “también está presente en los elementos ocultos” que no son objeto de este análisis, advierte Mallart.

Badia es el primer municipio vallesano, aseguran, que ha empezado a analizar sus edificios. El neumólogo Josep Tarrés muestra cierto pesimismo a la hora de referirse a la disposición de las administraciones para realizar un censo de edificios que contengan amianto, priorizar aquellos en los que es necesario actuar y desinstalarlo.

Las limitaciones presupuestarias que, en ocasiones, se apuntan para no realizar este tipo de trabajos son, a juicio de este médico, “una excusa”. Recuerda que hace justo un año la presión vecinal logró que los plenos de diferentes ayuntamientos de la comarca aprobasen mociones para conseguir la retirada del material.

Hasta el momento Cerdanyola es uno de los pocos que ha empezado a realizar el censo. De hecho, esta ciudad es conocida como la zona cero del amianto por haber albergado a la fábrica Uralita entre los años 1907 y 1997. Es aquí donde más casos de enfermos a causa del amianto se conocen aunque Tarrés está convencido de que si se hicieran estudios en otras ciudades los resultados se equipararían a los de esta población vallesana. 

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cerdanyola, Iván González, recuerda que “desgraciadamente tenemos placas de Uralita por todas partes, tanto en edificios públicos como privados” y reconoce que en un mandato “es imposible desamiantar toda la ciudad”. Sin embargo, destaca que se llevan a cabo estudios a medida que el Consistorio dispone de capacidad para invertir en su retirada. “Es un déficit que tiene Cerdanyola y que han sufrido muchas familias”, lamenta González. Hasta España llegaron 2,6 millones de toneladas de amianto y de éstas, un 9% fueron a esta localidad.

El tiempo apremia. Tarrés asegura que los casos de mesioteloma irán en aumento hasta el 2022, cuando podría revertirse la situación si se es capaz de desamiantar los municipios. De ser así, este tipo de cáncer podría desaparecer en el 2040. El periodo de latencia es largo, de unos 40,9 años. Según su estudio, realizado entre 1.131 enfermos por amianto, la tendencia a padecer enfermedades crónicas benignas o cancerígenas es ascendente. Se registran hasta medio centenar de casos nuevos cada año.

A la presión vecinal, este médico -que se ha dedicado desde el año 1975 a estudiar la evolución de estos enfermos- añade la necesidad de que existan más grupos de estudio para evitar que el problema pase desapercibido y una mayor conciencia entre la clase política.

Fuente: www.lavanguardia.com

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